La ley exime de suscribir una garantía financiera cuando los daños sean inferiores a 300.000 euros. Ochenta empresas ubicadas en la Región y cuya actividad puede perjudicar al medio ambiente, deberán suscribir una póliza de seguro para reparar el daño si contaminan la tierra, el aire o el agua.
Así se determinó la pasada semana tras haber aprobado el Congreso de los Diputados la llamada Ley de Responsabilidad Ambiental, y que afecta en toda España a cinco mil instalaciones industriales. Todas ellas, incluidas las 80 de Murcia, estarán obligadas a pagar y reparar todos los daños causados al entorno, con independencia de si hubo culpa o no.
La empresas contaminantes de la Región están relacionadas con el sector industrial y agropecuario, y están localizadas en Cartagena y Lorca, principalmente. Según informó el ministerio de Medio Ambiente, los principios de prevención y de ‘quien contamina, repara’, que va más allá del de ‘quien contamina, paga’, inspiran la nueva Ley.
La norma del Gobierno central exige reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño. La norma obliga a más de 5.000 industrias, a 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias de todo el país a asumir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir en el desarrollo de sus actividades y hacer frente al coste económico de la reparación de desastres.
Garantía financiera
Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad, la ley exige la constitución de una garantía financiera, que se introducirá de forma gradual a partir del año 2010. Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Con ello “se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo en muchas ocasiones hasta la fecha”, se dice desde el Ministerio.
La aplicación efectiva de esta norma corresponde a cada comunidad autónoma. Junto a la reparación efectiva del daño, se persigue reforzar el principio de prevención para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, obliga a las empresas y profesionales a que adopten las medidas de prevención que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.
Otro de los aspectos más novedosos de la ley es el carácter ilimitado de la responsabilidad medio ambiental. Por ello, cada empresa está obligada a reparar los daños en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original, independiente de la cuantía económica a la que ascienda la reparación. La ley exime del cumplimiento de suscribir una garantía financiera a aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuyo coste de reparación se evalúe por debajo del umbral de 300.000 euros.
Texto: La Opinion de Murcia – España
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